Jose, gay maltratado: 'Me puedo casar, pero como víctima la ley no me protege'
A Jose L. S. le costará olvidar el verano de 2008. Lo que había planeado como unas vacaciones idílicas con su pareja y los hijos de ambos en la playa se truncó en un duro y complicado capítulo de malos tratos. A priori, el caso podría ser uno más de los que engrosan las estadísticas. La diferencia: agresor y víctima son personas del mismo sexo.
Llevaban casi seis años como pareja. Todo un proyecto de vida ya en común. "Los dos éramos divorciados y nos iban bien las cosas". En febrero de este año, se lanzaron a compartir techo. "La convivencia fue bien hasta el verano". Tras cuatro agresiones, "la mayoría con el alcohol de por medio", Jose dijo basta. "Aguanté y aguanté, estaba aterrado, pero lo hice sobre todo por mi hija".
Denunció. Y otro palo. "No hay recursos jurídicos y sociales para gays y lesbianas ante el maltrato. Me puedo casar, pero cómo víctima la ley no me protege", se queja Jose. "La ley orgánica de medidas de protección contra la violencia de género aprobada en 2004 contempla sólo la violencia de los hombres sobre las mujeres. Mi caso se trata como si me peleara con el frutero".
La primera agresión la provocó un simple puré. "Le dije que le echara un poco más de aceite". Aquello fue el primer capítulo de un mal sueño. El verano se fue caldeando hasta que llegó la noche del 12 de agosto. "Salió a cenar, tomó unas copas de más... Llegó a casa y empezó a golpearme", recuerda en una cafetería madrileña aún nervioso. Los niños presenciaron la escena; también la mitad del vecindario se enteró de lo ocurrido. Y alguna de esas miradas indiscretas llamó a la policía. En esta ocasión no denunció. "Quería que todo se arreglara".
Al día siguiente vinieron las disculpas de quien el día anterior le había lanzado a la cabeza el tendedero. "Yo ya estaba aterrado por si se repetía. Temía por mi hija". Con todo, tras volver a Madrid desde la playa, se dieron otra oportunidad y se escaparon unos días a Pamplona. "Nada cambió y volvió a atacarme". Jose puso tierra de por medio y volvió a la capital.
Abandono la casa
Llegaron las noches en blanco, el terror a salir a la calle, a coger el teléfono... Llamó al 016 -teléfono de atención a mujeres maltratadas-, pero al explicar su caso "muy amablemente" le dijeron que no podían hacer nada. "Fui a COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid) para que me asesoraran". El mensaje fue claro: "Me dijeron que me fuera de casa". Y así lo hizo, con apenas lo puesto. El acoso vía teléfono continuaba y Jose decidió, por fin, denunciar.
"El problema es que todo en la ley está establecido con el hombre como agresor y la mujer como víctima", explica Manuel Ródenas, abogado del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid. "Hay otras situaciones, que siempre han existido, y que hay que tener en cuenta". Por ahora, este centro es uno de los pocos que da asistencia jurídica y social gratuita a parejas del mismo sexo que víctimas de maltrato.
Jose no quiere establecer comparaciones ni hacer paralelismos con la situación que viven miles de mujeres en nuestro país. No olvida que más de 400.000 son maltratadas cada año, según datos del Ministerio de Igualdad, pero sí pide que se aborde "esta laguna jurídica" y "se abra un poco la ley porque muchos homosexuales también somos víctimas y tenemos hijos".
"Los malos tratos entre gays y lesbianas se tramitan actualmente como una simple agresión. No tienen opción a acudir a casas de acogida, ni a órdenes inmediatas de protección o alejamiento", afirma Ródenas. "Es una clara discriminación por orientación sexual".
Cuatro años de suplicio
A Rocío Ruiz, 43 años, aún le pasan factura las palizas de la que fue su pareja durante cuatro años. "Patadas en los tobillos, empujones, puñetazos... En casa le daba por destrozar todo". Un día la tomaba con las fotos de su familia; al siguiente con el ramo de novia que le regaló su hermana cuando se casó. Con el enemigo aún metido en casa, Rocío empezó a ir a terapia, algo que su pareja no digirió del todo bien. "Otro día me rompió las lunas del coche, me intentó asfixiar...". Suma y sigue.
Pero la denuncia de Rocío no vino hasta que su ya ex pareja intentó entrar por la fuerza en su casa. "Intentó pegarme a mí y también a los policías que vinieron". La denunció entonces por allanamiento de morada. "Solicité una orden de alejamiento, pero no me la concedieron".
Acudió a asociaciones de mujeres. "En una de ellas, me dijeron incluso que no me podían dar asistencia jurídica gratuita -establecida en el articulo 20 de la ley de protección integral- porque mi agresor no era un hombre. Me sentí completamente desprotegida". Tuvo que buscar un abogado por su cuenta para asistir al juicio. "Me costó mucho esfuerzo reunir el dinero". La última puerta a la que llamó fue a la del Servicio de la Comunidad de Madrid.
Aún es pronto para que los datos y las estadísticas ayuden a poner cara al problema. "Ahora, como ocurre en las parejas heterosexuales, se denuncia más", asegura Ródenas. Sólo falta que la ley eche una mano. "Pedimos que se haga un añadido que recoja estas situaciones porque para los homosexuales también debe haber una atención inmediata".
Este periódico contactó la semana pasada con el Ministerio de Igualdad, pero no ha obtenido respuesta.
Llevaban casi seis años como pareja. Todo un proyecto de vida ya en común. "Los dos éramos divorciados y nos iban bien las cosas". En febrero de este año, se lanzaron a compartir techo. "La convivencia fue bien hasta el verano". Tras cuatro agresiones, "la mayoría con el alcohol de por medio", Jose dijo basta. "Aguanté y aguanté, estaba aterrado, pero lo hice sobre todo por mi hija".
Denunció. Y otro palo. "No hay recursos jurídicos y sociales para gays y lesbianas ante el maltrato. Me puedo casar, pero cómo víctima la ley no me protege", se queja Jose. "La ley orgánica de medidas de protección contra la violencia de género aprobada en 2004 contempla sólo la violencia de los hombres sobre las mujeres. Mi caso se trata como si me peleara con el frutero".
La primera agresión la provocó un simple puré. "Le dije que le echara un poco más de aceite". Aquello fue el primer capítulo de un mal sueño. El verano se fue caldeando hasta que llegó la noche del 12 de agosto. "Salió a cenar, tomó unas copas de más... Llegó a casa y empezó a golpearme", recuerda en una cafetería madrileña aún nervioso. Los niños presenciaron la escena; también la mitad del vecindario se enteró de lo ocurrido. Y alguna de esas miradas indiscretas llamó a la policía. En esta ocasión no denunció. "Quería que todo se arreglara".
Al día siguiente vinieron las disculpas de quien el día anterior le había lanzado a la cabeza el tendedero. "Yo ya estaba aterrado por si se repetía. Temía por mi hija". Con todo, tras volver a Madrid desde la playa, se dieron otra oportunidad y se escaparon unos días a Pamplona. "Nada cambió y volvió a atacarme". Jose puso tierra de por medio y volvió a la capital.
Abandono la casa
Llegaron las noches en blanco, el terror a salir a la calle, a coger el teléfono... Llamó al 016 -teléfono de atención a mujeres maltratadas-, pero al explicar su caso "muy amablemente" le dijeron que no podían hacer nada. "Fui a COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid) para que me asesoraran". El mensaje fue claro: "Me dijeron que me fuera de casa". Y así lo hizo, con apenas lo puesto. El acoso vía teléfono continuaba y Jose decidió, por fin, denunciar.
"El problema es que todo en la ley está establecido con el hombre como agresor y la mujer como víctima", explica Manuel Ródenas, abogado del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid. "Hay otras situaciones, que siempre han existido, y que hay que tener en cuenta". Por ahora, este centro es uno de los pocos que da asistencia jurídica y social gratuita a parejas del mismo sexo que víctimas de maltrato.
Jose no quiere establecer comparaciones ni hacer paralelismos con la situación que viven miles de mujeres en nuestro país. No olvida que más de 400.000 son maltratadas cada año, según datos del Ministerio de Igualdad, pero sí pide que se aborde "esta laguna jurídica" y "se abra un poco la ley porque muchos homosexuales también somos víctimas y tenemos hijos".
"Los malos tratos entre gays y lesbianas se tramitan actualmente como una simple agresión. No tienen opción a acudir a casas de acogida, ni a órdenes inmediatas de protección o alejamiento", afirma Ródenas. "Es una clara discriminación por orientación sexual".
Cuatro años de suplicio
A Rocío Ruiz, 43 años, aún le pasan factura las palizas de la que fue su pareja durante cuatro años. "Patadas en los tobillos, empujones, puñetazos... En casa le daba por destrozar todo". Un día la tomaba con las fotos de su familia; al siguiente con el ramo de novia que le regaló su hermana cuando se casó. Con el enemigo aún metido en casa, Rocío empezó a ir a terapia, algo que su pareja no digirió del todo bien. "Otro día me rompió las lunas del coche, me intentó asfixiar...". Suma y sigue.
Pero la denuncia de Rocío no vino hasta que su ya ex pareja intentó entrar por la fuerza en su casa. "Intentó pegarme a mí y también a los policías que vinieron". La denunció entonces por allanamiento de morada. "Solicité una orden de alejamiento, pero no me la concedieron".
Acudió a asociaciones de mujeres. "En una de ellas, me dijeron incluso que no me podían dar asistencia jurídica gratuita -establecida en el articulo 20 de la ley de protección integral- porque mi agresor no era un hombre. Me sentí completamente desprotegida". Tuvo que buscar un abogado por su cuenta para asistir al juicio. "Me costó mucho esfuerzo reunir el dinero". La última puerta a la que llamó fue a la del Servicio de la Comunidad de Madrid.
Aún es pronto para que los datos y las estadísticas ayuden a poner cara al problema. "Ahora, como ocurre en las parejas heterosexuales, se denuncia más", asegura Ródenas. Sólo falta que la ley eche una mano. "Pedimos que se haga un añadido que recoja estas situaciones porque para los homosexuales también debe haber una atención inmediata".
Este periódico contactó la semana pasada con el Ministerio de Igualdad, pero no ha obtenido respuesta.
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